B.N. 11-05-2016
Las Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana junto con la Fundación de Colegios Diocesanos ‘San Vicente Mártir’, han convocado una concentración en defensa de la libertad de enseñanza para el próximo 22 de mayo en la Plaza de la Virgen de Valencia a la que tambien se une la Mesa por la Educación en Libertad.
La convocatoria está dirigida a padres, alumnos, profesores y personal de los centros, y a todas las personas que deseen sumarse a ella, según indicaron a la agencia AVAN fuentes de la organización.
El objetivo de la concentración con el lema ‘Un concierto por los conciertos’ es “manifestar nuestra protesta por los recortes sufridos por los centros de iniciativa social, así como el rechazo al ‘arreglo escolar’ propuesto desde la Consellería de Educación, añadieron.
La concentración, que tendrá lugar a las 12 horas, cuenta también con el respaldo de la Mesa por la Educación en Libertad, en la que participan, entro otros, patronales, federaciones de padres de familia y sindicatos.
La diócesis de Segorbe – Castellón también ha querido sumarse a esta iniciativa a través de la recién creada mesa diocesana por la enseñanza. En su primera reunión, en la que tomaron parte directores de la escuela concertada católica, asociaciones de padres, los sindicatos mayoritarios de la concertada, el delegado de Enseñanza de la diócesis, el vicario episcopal de Pastoral y el obispo, mons. Casimiro López, animaron a padres, alumnos, profesores y personal de los colegios concertados presentes en la diócesis a sumarse a la concentración en defensa de la libertad de enseñanza ‘Un concierto por los conciertos’.
Conciertos educativos
Por otra parte, Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana (ESCACV) ha valorado “muy negativamente” la resolución sobre conciertos educativos para el curso escolar 2016/17 publicada en el DOCV.
Para la federación mayoritaria de la enseñanza concertada, la resolución supone “un claro ataque a los derechos y libertades de los padres”, y, además, no atiende “la demanda de las familias que desean escolarizar a sus hijos en centros concertados, en uso del derecho que otorga a los padres la Constitución Española” y lamenta que el consell tenga una “visión estatista y planificadora de la enseñanza, como en los regímenes dictatoriales, que no tiene en cuenta que la decisión sobre la escolarización de sus hijos es un derecho constitucional”.
Pone como ejemplo el caso de los colegios La Inmaculada-Jesuitas de Alicante y Escuelas Pías de Valencia, “a los que no se les permite ofertar las vacantes previstas en unidades de 3 años para el curso que viene, a pesar del gran número de solicitudes con que cuentan cur­so tras curso”, según expresa la entidad.
Del mismo modo, en el Colegio Claret de Xàtiva “se propone, sin tener en cuenta la ratio media de la etapa, la reducción de una unidad de primaria, lo que hace que el alumnado ya escolarizado incluso se vea obligado a cambiar de modalidad lingüística o a cambiar de centro edu­cativo”.
Sin aulas de apoyo
En cuanto a las unidades solicitadas de Educación Especial y Apoyo Integración sobre todo en la ESO, “se constata que prácticamente no se ha concedido ninguna”, y las Escuelas Católicas denuncian el agravio comparativo con los Institutos de Educación Secundaria públicos “que cuentan todos ellos con la figura del profesor de Pedagogía Terapéutica para tratar al alumnado con necesidades educativas especiales que promociona desde Primaria”.
Según el comunicado, “no se nos conceden los recursos necesarios y luego se nos acusa, a la es­cuela concertada, de elitismo y de no atender al alumnado con ne­cesidades específicas de apo­yo educativo”.
Así, es “significativo” el caso de colegios como el diocesano San Juan Bosco de Valencia, “en el que una vez concertada una unidad de educación especial de apoyo a la integración durante muchos años y siendo esta la única de la etapa de primaria, se le quita la mitad de los recursos para atender un elevado número de alumnos”.
Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, que representa a cerca de 300 centros edu­­cativos, denuncia la “gravedad de la situación de centros con­certados que desarrollan una gran labor social”, como los Colegios Claret y Jesús-María del barrio valenciano de la Fuensanta, “a los que se les suprimen 3 aulas concertadas en su conjunto y donde la gran mayoría de alum­nos requieren de medidas de compensación educativa”.
Ambos centros educan en la in­clusión a alumnos de más de 23 nacionalidades y de distintas creencias religiosas y culturales, así como con muy diversas nece­si­dades educativas.
Despidos
Igualmente, las Escuelas Católicas denuncian que la posibilidad de funcionar como aulas mixtas, agrupando alumnado de diferentes edades, en el caso de aulas suprimidas de 3 años de Educación Infantil, “encubren la realidad de que habrá que proceder al despido del profesorado de dicha aula suprimida y reducir horas al profesor de apoyo”.