❐ A.C. / M.J.C.| 2.11.23
El arzobispo de Valencia, mons. Enrique Benavent, señaló, al presidir el solemne acto de Apertura del Año Judicial del Tribunal Eclesiástico, que “uno de los retos que tenemos todos, las instituciones públicas y también la Iglesia, es ganarnos la confianza, que sus instituciones se ganen la confianza. La sociedad debe tener confianza en sus poderes públicos, confianza porque ve que buscan el bien. Es necesaria la confianza de la administración de justicia y uno de los retos que también la Iglesia tiene en el momento actual es precisamente ganarse la confianza de la sociedad”.
Respecto a las relaciones de la Iglesia con los poderes públicos, mons. Benavent señaló que “muchas de las situaciones que hoy estamos viviendo tienen un referente histórico. Y mirando la historia es como aprendemos a desdramatizar el presente, con serenidad y con esperanza. Pero, sobre todo, creo que nos tiene que hacer pensar, en el fondo, la relación siempre existirá, y cuando hay relación, siempre hay puntos de acuerdo y siempre hay momentos de tensión. Pero afrontando el futuro con esperanza, desdramatizando los problemas, podemos vivir en paz”.
“El ideal de justicia tiene que estar presente tanto en la vida pública como en la vida de la Iglesia. Tampoco en la Iglesia podemos caer en arbitrariedades. La Iglesia contribuye a la realización de la justicia en la sociedad con una reflexión sobre su doctrina social y además la Iglesia tiene que administrar justicia justamente. Y eso también me parece que es una responsabilidad, una aspiración de toda autoridad civil”, destacó el Arzobispo.
RESPETO
“Tiene que haber -prosiguió- un respeto a la autonomía de la Iglesia y a la autonomía del Estado. Respeto no significa que tengamos que estar siempre de acuerdo en todo, sino desde nuestra doctrina, sin ninguna voluntad coercitiva ni de imponer. La Iglesia tiene que respetar la autonomía del Estado, del poder público, está claro que todos, Iglesia y poder público, tenemos un límite en el ejercicio de nuestro poder: los derechos de la persona”.
Mons. Benavent se refirió a que “la autoridad legislativa debe buscar la promulgación de leyes justas. Es bueno que nos conozcamos, que dialoguemos, que tengamos estos momentos de encuentro movidos por ese deseo de justicia”.
En este sentido destacó que “es una obligación el derecho a la libertad y un derecho especialmente importante, la libertad religiosa y de conciencia correctamente interpretada. Hoy hay una tendencia a reducir la libertad religiosa a una libertad de culto, es una interpretación minimalista. El derecho a la libertad religiosa exige también el derecho de cada cual a formarse su propia opinión sobre los problemas de la sociedad y a expresar libremente su opinión. El derecho de asociación de los miembros de una misma religión, fundar asociaciones e instituciones para vivir más perfectamente su ideal de vida religiosa. El derecho evidentemente de los padres a educar a sus hijos según sus condiciones religiosas. Y la limitación del poder del Estado que no puede utilizar todos los instrumentos que tiene a su alcance para difundir, imponer una determinada visión de la vida o una determinada visión de los valores morales. El respeto del Estado a la libertad religiosa exige el respeto a todas las opiniones que en las cuestiones morales o en las cuestiones que se debaten en la sociedad puedan tener los ciudadanos de una sociedad y en ese ámbito es posible el diálogo, es posible la convivencia respetuosa y el diálogo para buscar el bien de la persona. Porque aquí hay un horizonte que también es común al Estado y a la Iglesia y es que todos buscamos el bien de las personas. Todos queremos estar al servicio de las personas, al servicio de las familias, al servicio de cada uno de los miembros que forman parte de nuestra sociedad”.
Respecto a la memoria judicial, indicó que “en la Iglesia también somos conscientes de que no basta una administración fría de la justicia. Detrás de cada causa judicial hay muchas personas, hay muchas veces un drama, hay frecuentemente mucho sufrimiento. Cuando en una sociedad la institución familiar tiene estabilidad, es una institución familiar, recogida, vivida, acompañada, protegida, eso es una fuente de felicidad para las personas. Y también en la Iglesia, una familia que se integre bien en la vida de la Iglesia es también importantísima para la evangelización. El Estado y la Iglesia estamos también al servicio de las familias, qué importante, y esto los tribunales eclesiásticos son conscientes en su actividad diaria, que tiene que ser muchas veces un servicio a la familia, un servicio a la institución matrimonial, un servicio, en definitiva, a las personas”.
La apertura del Año Judicial contó con la presencia de las máximas autoridades políticas, judiciales, militares y académicas y de los Obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina.
Así, asistieron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva y la consellera de Justicia, Elisa Núñez, que estuvieron en la mesa presidencial, junto al Arzobispo de Valencia,; el secretario de la Conferencia Episcopal Española, García Magán, y el Vicario Judicial del Arzobispado de Valencia, Jorge García Montagud.
Igualmente, tomó parte, Carmen Llombart, vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, senador; el Secretario Autonómico de Justicia, Eduardo Ruiz; y el Coronel Juan Palau Tur, del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Valencia, entre otros.
Además, acudieron jueces, magistrados, abogados, médicos, psicólogos y peritos, entre otros especialistas vinculados a la administración de justicia eclesiástica, y profesores de la Universitat de València, de la UCV y de la CEU Cardenal Herrera.
