REDACCIÓN| 28-02-2019
La campaña #yoelijo, iniciada en la Comunitat Valenciana para reclamar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, ha dado el salto al resto de España. Colegios y padres de Madrid, Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia ya se han adherido a la iniciativa. Del mismo modo, organizaciones como los sindicatos FSIE, USO o Unión APPRECE España y colectivos como el Foro Español de la Familia o Cristianos en Democracia han mostrado su apoyo expreso a la campaña.
Además, la campaña #yoelijo ha estado presente en el pleno del Senado donde se ha hablado de la educación y las medidas que ha tomado el Gobierno en contra de la concertada, en una interpelación en la Cámara Alta a la Ministra de Educación, Isabel Celaá.
De esta forma se demuestra que la educación es un tema de máxima preocupación para los ciudadanos que quieren ejercer su derecho a decidir la mejor opción educativa para sus hijos. En España hay más de 2 millones de niños escolarizados en colegios concertados. A ellos, que suponen el 25,9% del alumnado, el Estado sólo destina el 12,3% de su presupuesto de gasto. Y es que cada alumno de la concertada supone un ahorro para las arcas públicas de casi el 50%, según la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, este modelo educativo se ve actualmente amenazado, explica Vicente Morro, portavoz de la campaña: “Dejar morir la escuela concertada, un modelo de éxito que hace posible que las familias puedan ejercer sus derechos, es un peligro para las libertades y para una sociedad democrática. La escuela pública y laica es una buena opción, siempre que los padres la elijan libremente, sin que a nadie se la impongan. Por eso con esta campaña buscamos también el apoyo de estos padres, porque no defendemos un modelo exclusivo, sino la libertad”.
‘Sin educación en libertad, no hay democracia’ es el lema de esta campaña porque viene a recordar que éste es un derecho básico amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución Española.