REDACCIÓN | 8-03-2019

Monseñor Juan Ignacio Arrieta durante su lección magistral. (FOTO: A.SÁIZ)

Monseñor Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, fue el encargado de pronunciar el pasado viernes 1 de marzo la lección magistral titulada ‘La reforma del derecho de la Iglesia en el pontificado del papa Francisco’. Monseñor Arrieta resaltó que “la Santa Sede y la Iglesia entera está haciendo un gran esfuerzo” ante la aparición de “graves delitos”.
En su intervención, defendió que “en sus seis años de pontificado, el Papa ha mantenido el criterio de rigor en materia de abusos de sexo que había iniciado Benedicto XVI, y aún antes, siendo el mismo cardenal Ratzinger prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe”, a quien le reconoció “el continuo apremio para rectificar la equivocada solución que antes se daba a éste y a otros problemas del clero de obligarles, simplemente, a solicitar la dispensa de las obligaciones sacerdotales”. Así, expresó que “éste no era el camino y que era necesario que, a través de un verdadero proceso se impusiese, cuando fuera necesario, la pena de expulsión del estado clerical a los culpables de determinados delitos”.
En la misma línea, monseñor Arrieta aseguró que, a iniciativa del Papa Francisco, las Conferencias Episcopales y las Diócesis han establecido “claros protocolos de prevención y de eventual denuncia de este tipo de delitos, de acuerdo con la legislación penal de cada país”.
Ya desde 2001, estos delitos especialmente graves pertenecen a la jurisdicción exclusiva de la Congregación de la Doctrina de la Fe, a la que se refieren los obispos y los superiores religiosos, quienes está obligados “a iniciar autónomamente la investigación previa apenas recibida noticia, y adoptar las medidas cautelares necesarias en relación con el reo, normalmente la suspensión provisional de todo encargo pastoral, y otras medidas de vigilancia hasta que no se llega a instaurar propiamente la causa”. Respecto a este tema, monseñor Arrieta concluyó que “el esfuerzo que la Santa Sede y la Iglesia está haciendo para combatir este gravísimo delito es proporcional al grave escándalo que naturalmente suscitan crímenes de este tipo realizados por quienes tenemos el deber de proclamar el Evangelio”.
Reforma del Papa
Monseñor Arrieta se refirió a “la renovación que el pontificado del Papa Francisco está aportando al ordenamiento canónico de la Iglesia”, en cuanto a “la reforma de las personas, la reforma de las organizaciones en la sociedad eclesial y la reforma de las relaciones entre las personas y las instituciones. Así, abordó entre otras cuestiones la reforma de la Curia romana, la adopción de sistemas de control y de transparencia, así como la formación humana y espiritual de sus profesionales. Para monseñor Arrieta, “estos seis años que ahora se cumplen de pontificado del papa Francisco han sido años densos en sucesos y en novedades pero nos colocan ante perspectivas que antes eran impensables”. Así, “su reciente viaje a Dubai o el acuerdo alcanzado con el Gobierno chino nos ponen en un camino lleno de esperanza”.
El secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos señaló además que “el ordenamiento canónico procede con autonomía respecto del civil, siempre respetando las normas del país”. Incluso aseguró que “con mucha frecuencia impone sanciones penales, incluso perpetuas, por hechos que la jurisdicción civil ha archivado o sobre los que se ha dictado sentencia absolutoria”. De hecho, monseñor Arrieta aseguró que “la prescripción de estos delitos graves se ha elevado en la Iglesia a 20 años a partir de la mayoría de edad de la víctima, y en muchos casos concretos donde hay un particular escándalo, se ha creído necesario derogar incluso las normas de la prescripción”. El papa Francisco estableció en 2014 un Colegio de Jueces, formado por cardenales y obispos expertos en Derecho, “para resolver en última instancia los recursos contra las penas impuestas en estas materias por las diversas autoridades eclesiásticas”. Además de la debida prevención y formación en la materia, el objetivo es “concluir la reforma del código de Derecho Canónico iniciada en 2009, con el objetivo de “devolver a los obispos locales la jurisdicción en la mayoría de estas situaciones, proporcionándoles instrumentos jurídicos que antes no tenían y responsabilizando su actividad pastoral”