BELÉN NAVA | 02.07.2020
Hace ya un año que el Consejo de Ministros aprobó la nueva Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica de Educación o LOMLOE, aunque se ha hecho más conocido con el sobrenombre de ‘Ley Celaá’. En aquel momento, el mecanismo burocrático se detuvo y no pudo llegar al Parlamento ante la inminente convocatoria electoral. Sin embargo, y mientras el país luchaba contra la pandemia provocada por la covid-19, esos mecanismos comenzaban a rodar de nuevo sin la oportunidad de debatir y consensuar los distintos puntos que se establecen en esta nueva ley educativa.
La nueva ley permite la distribución del alumnado por la administración sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres, crea un derecho a la educación pública, olvida los derechos de los padres, discrimina la enseñanza de la religión y además impone una nueva asignatura en valores éticos y cívicos que no se apoya en valores consensuados y limita la autonomía de los centros, entre otros supuestos. Y a ella ha hecho referencia nuestro Arzobispo, Antonio Cañizares, en diversas ocasiones a lo largo de estas últimas semanas.
A este respecto, la Secretaria Autonómica de Escuelas Católicas Comunitat Valenciana (ESCACV), Vicenta Rodríguez, asegura a PARAULA que “no es una buena ley desde el momento en el que se hace sin consenso, sin pacto educativo y sin un diálogo social”. Además, hay que añadir que la ‘Ley Celaá’ “ataca la libertad de las familias al eliminar la ‘demanda social’ para la elección de los centros, es decir la preferencia de los padres, a la hora de escoger qué centro quieren para sus hijos”, explica.
“No pueden dejar de escuchar a una parte de la sociedad, es decir a los padres, que quieren elegir un centro educativo concreto para sus hijos y que están en todo su derecho de hacerlo” ya que, de esta manera “se les está negando su libertad de elección del centro educativo” y que, por tanto, uno pueda decidir cuál es la mejor educación para sus hijos.
Hay que recordar que así se vulnera diversos apartados del art. 27 de la Constitución Española.
Asignatura de Religión
Por otra parte y respecto a la asignatura de Religión su nota dejará de contar para la media y no servirá, por tanto, para pedir becas o acceder a la universidad. Dejará de tener una asignatura ‘espejo’, como ocurre ahora con Valores, de modo que no exista la obligación de cursar una materia alternativa por quienes no soliciten esta enseñanza. En Bachillerato, además, se dejará de considerar como una materia específica en 1º y 2º curso y Escuelas Católicas se pregunta el por qué de esta decisión. “¿Por qué es necesario crear una nueva asignatura que sustituya a la religión como educación cívica y que esta sí sea computable? ¿La asignatura de Religión no formaba buenos ciudadanos y éticamente responsables? ¿Por qué ese desprecio a la asignatura de Religión?”, zanja Vicenta Rodríguez.
“Es una vuelta a crear una asignatura de valores cívicos sobre valores que no tienen por qué ser compartidos por el resto de la sociedad. Volvemos a hablar de una asignatura similar a Educación para la ciudadanía”, puntualiza Vicente Morro portavoz de FCAPA Valencia y de la Mesa por la Educación en Libertad.
Por su parte, Morro, también incide en la cuestión de la educación especial puesto que la atención a los alumnos con necesidades especiales también es punto de crítica. “Imponen una educación inclusiva aunque no hayan medios y muchas veces no sea lo más adecuado para los alumnos”. “Las familias -asegura- son las primeras en saber qué es lo que necesitan sus hijos y compartir aula con otros niños en un centro ordinario no es lo mejor para aquellos que necesitan una atención especial. No nos estamos ciñendo a la realidad al creer que es posible, y sobre todo conveniente, una integración con alumnos que no necesitan una atención especial. Es una visión idílica de la inclusión que no es real”. Por tanto, “nuevamente se está coartando la libertad de los padres” algo por lo que destaca, sobremanera, esta ley.
En el mes de marzo la ministra Celaá explicaba que la nueva ley establece que “preferentemente recibirán concertación aquellos centros que no separen a las niñas de los niños porque nos parece mucho más eficiente y contemporáneo el hecho de que se eduquen juntos”. A este respecto Vicente Morro destaca que “la educación diferenciada es una opción educativa, totalmente amparada y defendida por los organismos internacionales y con fundamentos pedagógicos” por lo que no son admisibles estos argumentos.
En cuanto a los idiomas, la ley deja en manos de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales el objetivo de asegurar que todos sus alumnos reciban o no alguna enseñanza en castellano. “Esta ley, en definitiva, frena las vías de elección de las familias y avanza en la línea de la defensa a una escuela única, pública y laica”, concluye.
