BELÉN NAVA | 09.07.2020
En el año 2017, en una de sus catequesis familiares, el papa Francisco aseguró que “si la educación familiar reencuentra el orgullo de su protagonismo, muchas cosas mejorarán, para los padres inciertos y para los hijos decepcionados”.
El papel de aquellos que nos dieron la vida, de los padres, es primordial e insustituible. El colegio o los profesores nos ayudarán en ese gran proyecto que, nosotros estamos decidiendo para nuestros hijos. Y esto es algo que la LOMLOE, más conocida como ‘Ley Celaá’ y con la que se pretende derogar la LOMCE o ‘Ley Wert’ pretende arrebatar a los progenitores porque en materia de educación, la función del Estado es de subsidiariedad, no de suplantación de los derechos de los padres, un derecho natural.
Desde la FCAPA se considera “que este proyecto de ley es muy negativo para nuestra libertad de elección como padres”.
La celeridad en la tramitación durante el confinamiento, de la ley de educación, sin consenso por parte de la sociedad ha hecho que muchas voces se hayan alzado para asegurar que, de esta manera, no puede ser ni estimada, ni respetada porque, además de no contar con el respaldo de buena parte de la comunidad educativa, margina a la escuela concertada y la clase de Religión, entre otras cosas.
La nueva normativa que se quiere imponer pretende acabar con la demanda social como medida para la elección de centro, con la educación diferenciada, la educación especial tal y como se plantea hasta ahora, con la asignatura de Religión e imponer una nueva versión de aquella ‘Educación para la ciudadanía’.
“Este proyecto de ley es muy negativo para nuestra libertad de
FCAPA
elección como padres”
“En FCAPA consideramos la escuela como una prolongación de la familia y, por eso, vamos a seguir defendiendo la libertad de enseñanza, la libertad para elegir centro y el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. Es un principio constitucional y de derecho internacional que defenderemos en cualquier instancia”, afirman con rotundidad.
Nace sin consenso
El proyecto se ha tramitado por vía de urgencia, sin dictamen del Consejo de Estado – supremo órgano consultivo del Gobierno en materia legal- ni del Consejo Escolar del Estado. Ha sido precipitado teniendo en cuenta que España estaba sumida en un estado de alarma.
El anteproyecto de ley no pasó, ni lo hará ahora, por el Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno en materia legal, por considerarlo innecesario, ya que sus informes no son preceptivos. Todo ello contribuye a crear una sensación de inexplicable “precipitación”, por aprobar una nueva ley incluso durante la situación del estado de alarma.
El pasado miércoles 17 de junio se debatieron en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley orgánica educativa presentado por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Estas enmiendas fueron rechazadas por 195 votos en contra y 153 a favor.
En esta fase de la tramitación del proyecto de ley orgánica los grupos parlamentarios presentan enmiendas, totales y parciales. La aprobación del proyecto de ley orgánica requerirá mayoría absoluta, es decir, la votación a favor de 176 diputados. A la vista del rechazo a las enmiendas a la totalidad, parece ser que esa mayoría es posible.
No es una nueva ley
Pese a lo que pueda parecer, la ‘Ley Celaá’ no es una nueva ley educativa sino que se trata de una contrarreforma. Se Es una reforma de la LOE de 2006 y una derogación de la LOMCE del 2013. Es decir, conviven tres leyes en materia educativa: LOMLOE, LOE y LODE.
Se trata de “un nuevo intento unilateral de mejorar el sistema educativo, que nace sin el necesario consenso del conjunto de la comunidad educativa, comunidad que ya vaticina su limitada duración en el tiempo (“hasta que haya un cambio de Gobierno y legislatura”). Parece que no aprendemos de nuestra historia: será la octava ley educativa desde 1978”, explican desde Escuelas Católicas.
Adiós a la excelencia académica
Además, entre otras medidas que también han provocado el desconcierto entre los padres y los docentes está el permitir la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa o la posibilidad de realizarse esta etapa en tres cursos en lugar de los dos ordinarios. En la práctica, esto supone que los alumnos pueden pasar de 1º a 2º con más de dos asignaturas suspensas en lugar de repetir.
De igual manera, desaparecen las pruebas finales de ESO y Bachillerato previstas en la LOMCE, como requisito necesario para la obtención del título de GESO y Bachiller, pruebas que nunca han llegado a aplicarse.
