Más de mil familias damnificadas por el “arreglo escolar” impuesto por la Consellería Primeras movilizaciones de padres ante la supresión de 50 unidades en centros católicos concertados

 
B.N. / 6.5.16
Escuelas Católicas Comunidad Valenciana ha hecho público, a través de un comunicado, su indignación ante la propuesta de la Administración educativa en el reciente “arreglo escolar”. Y es que, con la actual planificación realizada desde Conselleria  se reduce en más de 50 la oferta de unidades en centros católicos, “lo que afecta a más de 1.000 familias que ven limitado su derecho a elegir la educación que desean para sus hijos, junto a graves problemas laborales”, explican.
Escuelas Católicas asegura que no sólo se trata “del drama de los puestos de trabajo directos de los profesores y sus familias que se ven afectados por la medida, sino también de un buen número de puestos indirectos, desde los monitores de comedor a los empleados de la limpieza o a las empresas de suministros que ofrecen sus servicios en los centros”.
La Administración “propone cerrar e impide la creación de unidades concertadas, a cuya financiación con fondos públicos tienen derecho, so pretexto de la baja demografía o las vacantes existentes”, indican Escuelas Católicas. Sin embargo, y al mismo tiempo, ya se ha anunciado la creación de 400 nuevas unidades en la enseñanza pública, “incrementando el gasto, en lo que parece un intento de eliminar la libre elección de las familias, para conformar, al final, un planteamiento educativo único y público”, afirman.
“Creemos -explican- en la libertad. Siempre hemos defendido nuestro sistema educativo plural, reconocido por nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y donde conviven lo público y la iniciativa social”, ya que sus centros “ofrecen una clara apuesta por la educación católica, promoviendo los valores de un humanismo cristiano” recogido en el ideario de los colegios y reconocido ley.
Desde Escuelas Católicas se exige que se reestablezca “el legítimo derecho que las familias tienen a la permanencia o acceso al centro que han elegido o quieran elegir. Así como al mantenimiento o generación de puestos de trabajo”.
Por su parte, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) también incide en este mismo aspecto y denuncia que el “arreglo escolar” supone un recorte directo en las libertades y derechos de las familias y alumnos valencianos y de los titulares de los centros y puede suponer una seria amenaza para el puesto de trabajo o las condiciones laborales de muchos profesionales.
Asimismo, FCAPA denuncia el intento de crear una doble red educativa: una para ricos y otra para los que no tienen capacidad económica ni libertad de elección. En el pasado ple­no, el conseller Vicente Marzá ase­guró que las aulas que de­jen de ser concertadas con el actual “arreglo” –la mayoría de ellas en centros que están cumpliendo una enorme labor social y atendiendo a población con muchas dificultades de todo tipo- puedan seguir funcionando en régimen privado. “Ruboriza pensar en la falta de seriedad y rigor de estos planteamientos, pero sobre todo, en la falta de solidaridad y de sensibilidad social que esto supone. Es lo que ocurre cuando prima la ideología sobre la razón y la verdad”, concluye la FCAPA.
En este mismo sentido se ha pronunciado la Mesa por la Educación en Libertad, entidad que aúna a una ran representación de entidades de la enseñanza concertada, incluidas las familias. “La Generalitat Valenciana ha cambiado la libertad de elección de las familias por la imposición del modelo educativo de centros públicos y afines”, aseguró su portavoz, Vicente Mo­rro.
En este sentido, apuntó que “desconocemos los criterios objetivos para autorizar o denegar aulas porque no entendemos que si disminuye la natalidad desde hace años decrezcan sólo las aulas concertadas y aumentan las públicas”.
Por último, ha exigido a la administración valenciana que en admitan las alegaciones y se devuelva la cordura al sistema educativo valenciano porque “se están recogiendo miles de firmas para que se mantengan las aulas de centros que realizan una gran labor social en sus barrios. La Conselleria tiene que oír la voz de los ciudadanos, como ya lo hizo al inicio del pasado curso escolar con otros centros”.
La respuesta de los padres
Los padres de los colegios concertados de la diócesis de Valencia ya han comenzado a mo­vilizarse respaldados por las di­rectivas de los colegios afectados que ya han presentado ante la Conselleria las alegaciones pertinentes dentro del plazo y for­ma.
Así, tenemos, por un lado, la iniciativa de diversos colegios diocesanos como el Claret de Xàtiva, San Antonio de Padua de Catarroja y Ntra. Sra. del Socorro de Benetússer que han decidido recoger firmas, además de a pie de calle, a través de la plataforma change.org.
Por otra parte, ante la situación que viven diversos centros concertados de Alcoy, los directores y presidentes de sus AMPAS se reunieron, los días 27 y 28  de abril, con carácter de urgencia. Tras contar con el apoyo de la concejalía de Educación y del consejo escolar municipal, el conjunto de AMPAS decidió con­vocar una concentración pa­ra el jueves 5 de mayo, a las 20 ho­ras en la plaza de España de su localidad.